Tradiciones y
Traiciones Chilenas
Por don Hermógenes
Pérez de Arce
MIÉRCOLES, 19 DE
SEPTIEMBRE DE 2012
“Todo esto es constitutivo de una
gigantesca inmoralidad. Contra ésta sólo queda una herramienta: el Plan Ahora. Todo chileno o chilena bien nacidos
tienen la obligación moral de anular o dejar en blanco sus votos para
concejales el próximo 28 de octubre. Los demás recursos han fallado. No queda
otro. Quienes no lo ejerzan, hay que decirlo con todas sus letras, se habrán
sumado a la traición”
En un rato más los altos
jefes uniformados van a estar saludándose (y a veces abrazándose) con
autoridades que se han olvidado por completo de las promesas de legalidad que
hicieron a los presos y procesados políticos uniformados; y con los senadores
socialistas que, en complicidad con la justicia de izquierda, condenaron a
legiones de "caídos tras las líneas enemigas" y "batallones
olvidados" a sufrir la más injusta, arbitraria e ilegal privación de
libertad de que tenga registro nuestra historia judicial.
Hace pocos años el
historiador Gonzalo Vial escribió lo siguiente ("La Segunda",
19.02.08): "Los años 2003 y 2004 se despacharon leyes de origen
concertacionista que permitieron la libertad de numerosos condenados por
terrorismo, los cuales habían cumplido diez años de cárcel a raíz de crímenes
cometidos en democracia. Justificación: cooperar a la 'paz social'. La Iglesia
Católica dio a esta iniciativa un fuerte apoyo. Fue ley gracias a la Alianza.
"Al mismo tiempo,
senadores aliancistas y concertacionistas planteaban un proyecto con igual
rebaja de pena y la misma exigencia de haber completado diez años de prisión
efectiva, para los autores de delitos contra los derechos humanos cometidos
durante el régimen militar. El año pasado la Cámara Alta rechazó la iniciativa.
La 'paz social' ya no importaba. La Iglesia no se interesó".
Ayer habló largamente el
arzobispo de Santiago de toda clase de cosas, como el lucro, la desigualdad y
"la dictadura". ¿Dijo algo acerca del mayor escándalo moral de
nuestro tiempo, como lo es el desconocimiento completo de la legalidad en los
juicios a uniformados? Nada. No es tema para él, siempre "políticamente
correcto".
Hoy en "El
Mercurio" viene una larga carta del empresario Fabio Valdés. Está
preocupado por el desconocimiento de las leyes por parte de los tribunales, tratándose
de iniciativas de producción empresariales o en temas relacionados con la
seguridad pública amenazada por los delincuentes que circulan por la
"puerta giratoria". ¿Y respecto de los presos políticos uniformados?
Ni una sola letra. Pero veamos lo que el mismo historiador, Gonzalo Vial, decía
al respecto ("La Segunda", 31.01.06): "El debido proceso y los
juicios de derechos humanos: desgraciadamente en muchas de las causas
señaladas: a) No se está observando la norma fundamental que rige el derecho penal,
el debido proceso; y b) La Corte Suprema, la única que puede enmendar una
situación semejante, no lo ha hecho. La mayoría de estos juicios se prolonga
larga e indefinidamente, sin visos de término. Uno célebre, el de la llamada
'caravana de la muerte', pronto llevará ocho años sin finiquitarse".
(Ahora ya van quince).
"Sé que parte de lo
que está sucediendo es culpa de nuestros jueces, y en especial de la Corte
Suprema. Su indolencia ha permitido que procesos de esta clase, que duran
larguísimo tiempo, no lleven visos de terminar... por otra parte, la 'siesta
suprema' es causa de que existan jurisprudencias contradictorias --incluso en
la misma sala del máximo tribunal y de un día para otro-- en muchas materias
claves para los juicios de derechos humanos, por ejemplo sobre prescripción,
amnistía de 1978, etc" ("La Segunda", 19.02.08).
Después de que Vial
escribiera eso han sucedido cosas peores: en el afán de acelerar juicios se ha
dictado toda suerte de sentencias condenatorias arbitrarias e ilegales como no
había habido otras antes. El ministro sumariante Solís, por ejemplo, se ha dado
el lujo de imponer medio siglo de condenas contra el brigadier (r) Krasnoff sin
haberlo interrogado jamás, siendo la declaración indagatoria un trámite
esencial del proceso penal. Es que ya a los jueces de izquierda, literalmente,
no les importa nada. Se sabe que la prevaricación en Chile queda
garantizadamente impune.
En aras de las
tradiciones chilenas hoy todos se abrazan: encubridores del terrorismo con sus
pretéritas presuntas víctimas, que no lo fueron gracias a los "batallones
olvidados, caídos tras las líneas enemigas"; uniformados que cosecharon la
medalla "Misión Cumplida" en 1990, pero que no han cumplido su misión
de rescatar a sus caídos tras las líneas enemigas, con el Presidente que
mantiene también incumplida su promesa de legalidad para los uniformados (r) y,
peor aún, que se ha convertido en su peor cuchillo, solicitando (a través de su
Ministerio del Interior) que se eleven condenas, ya írritas, en contra de
ellos.
Todo esto es constitutivo de una gigantesca inmoralidad. Contra
ésta sólo queda una herramienta: el Plan Ahora. Todo chileno o chilena bien nacidos
tienen la obligación moral de anular o dejar en blanco sus votos para
concejales el próximo 28 de octubre. Los demás recursos han fallado. No queda
otro. Quienes no lo ejerzan, hay que decirlo con todas sus letras, se habrán
sumado a la traición.