DOMINGO, 16 DE SEPTIEMBRE DE 2012
Hoy los columnistas de los diarios se concentran en dos temas: la crítica del Gobierno a la Corte Suprema y el asesinato de un carabinero por parte de "El Rata".
Los dos temas tienen mucho que ver entre sí, porque el Gobierno ha criticado a la Corte por un fallo que ha desconocido el derecho, y "El Rata" ha actuado contra un carabinero emulando a la judicatura, es decir, contrariando las leyes, pues ésta ha mandado a presidio a muchos uniformados pasando por sobre la Constitución y las leyes. "El Rata" ha aplicado la pena mayor, no el presidio, como lo hacen los jueces. Distintos grados de penalidad, pero la misma ilicitud. Es el camino que se traza en los países donde se quebranta el Estado de Derecho y donde las leyes son desconocidas, transgredidas o by-passeadas. Cuando comienzan a hacerlo los propios tribunales, todos se sienten con derecho a hacer lo mismo.
Hace más de veintiún años el Presidente Aylwin mandó una carta inconstitucioanal a la Corte Suprema, avocándose causas pendientes contra uniformados (r) e impetrando del Poder Judicial que no aplicara la Ley de Amnistía como debía hacerlo, de inmediato, sino sólo en la sentencia definitiva. Pero al incurrir en esa inconstitucionalidad Aylwin dejó establecido algo muy importante: que la Ley de Amnistía estaba vigente y debía respetarse. Pues en su carta lo dice, si bien conminaba a los tribunales a transgredir otras leyes, como el art. 107 del Código de Procedimiento Penal, que ordena poner inmediato término al juicio cuando hay amnistía. Pero no decía que ésta no debía aplicarse. Al contrario, expresaba: "...la amnistía vigente, que el Gobierno respeta, no debe ni puede ser obstáculo para que se realice la investigación judicial..."
Entonces, la amnistía estaba vigente en 1991 y el Gobierno la respetaba. Y eso vale también para hoy. ¿Y qué significa? Que ella debía y debe prevalecer por sobre todos los argumentos discurridos por los jueces para no aplicarla.
Pues pese a la claridad con que Aylwin ratificó la vigencia de la amnistía, vinieron después los jueces politizados, como Alejandro Solís et al, que formaron mayoría y pasaron por sobre aquella. Y no sólo eso, pasaron también por sobre la prescripción, la cosa juzgada, la presunción de inocencia, las leyes reguladoras de la prueba, la verdad de los hechos, el principio "in dubio pro reo", la irretroactividad de la ley penal y el principio "nullum crimen, nulla poena sine lege previae scripta".
La Corte Suprema misma extremó las cosas cuando, acogiendo una presentación del Ministerio del Interior del actual V Gobierno de la Concertación, aumentó las penas a cinco uniformados que habían sido condenados a presidio remitido (es decir, el que se cumple en libertad) y los condenó a cinco años y un día de presidio efectivo, por hechos de hace casi cuarenta años. Es decir, la judicatura no sólo acogió la presión inconstitucinal de Aylwin, sino que replicó: "Su ilegalidad y ocho más".
Bueno ¿y qué ha hecho "El Rata"? Lo mismo que los jueces, pero agravado: pasar por sobre todas las leyes para aplicar una pena a un carabinero que legalmente no la merecía. La única diferencia entre él y la Corte Suprema estuvo en el grado de la pena. La de muerte, inexistente hoy en nuestro ordenamiento jurídico, pero no más inexistente que los "secuestros permanentes", "inveracidad" a que han recurrido numerosos jueces y que ha cohonestado reiteradamente el máximo tribunal.
Todos saben dónde comienzan las transgresiones al Estado de Derecho. Lo que nadie sabe es cuándo y dónde terminan.
Vale la pena tener en cuenta que la judicatura es, según las encuestas, la tercera institución peor evaluada por la opinión pública nacional, apenas sobre los partidos políticos y el Congreso, que son lo último; y que Carabineros es la entidad mejor evaluada de todas.
Como para tenerlo presente.
