COBARDE DENEGACION DE HONORES MILITARES
El sistema político chileno establecido
constitucionalmente otorga amplias facultades al Presidente de la República,
entre ellas la de dictar Decretos Supremos con disposiciones sobre múltiples
aspectos. Estos decretos tienen tanto valor como cualquier ley que antes de su
promulgación ha tenido que pasar por un trámite legislativo.
Esta es una realidad que no se puede cambiar y esas atribuciones
otorgadas constitucionalmente al Presidente, no son necesariamente malas,
siempre y cuando estén en buenas manos, y que se apliquen en bien del país y de
todos los chilenos, sin divisiones ni odios.
En resumen un Presidente de la República en Chile, está
facultado para emitir en su mandato Decretos Supremos, los que con su sola
firma, adquieren tanta validez como cualquier Ley. Claro que lo normal debiera
ser que eso se realice abiertamente, vale decir, que todos los chilenos y el
Parlamento sepan que es lo que el Presidente “está decretando”.
Recién en
los últimos días los chilenos supimos de la existencia de un Decreto Supremo
que estaba lo suficientemente oculto, firmado por la señora Bachelet hace tres
años, el que aunque cuenta con el “Tómese Razón” del Contralor General de la
República, nunca fue difundido debidamente. Y este documento dispone una
importante modificación a un Reglamento Militar, el “Reglamento de Servicio de
Guarnición de las Fuerzas Armadas”, el cual contempla disposiciones que atañen
únicamente al personal militar, retirados incluidos.
La modificación
dispuesta por la señora Bachelet se refiere a los Honores Militares que
corresponden a uniformados o ex uniformados fallecidos, los cuales a partir del
Decreto en cuestión no se pueden rendir a quienes, textual: “hayan sido
condenados por sentencia ejecutoriada a pena aflictiva”.
Ante esto
tenemos que tener en cuenta que siempre han sido las propias Fuerzas Armadas
las que realizan y proponen las modificaciones que corresponda a la normativa y
reglamentación que las rige, ya que ese es un tema de corte profesional, no
político.
Esta
situación resulta increíble, no es razonable que la señora Bachelet y su
ministro Vidal, hayan dedicado tiempo ocultamente para interferir en un hecho
puntual que no era de importancia para la inmensa mayoría de los chilenos...
Los honores de Rigor a un Militar fallecido.
Además es
ridículo que para lo anterior se extendiera un Decreto Supremo, como si hubiera
sido un tema de vida o muerte que afectara al país o a la
soberanía. Fácilmente esto y por la poca relevancia que tiene para la
ciudadanía, pudo tramitarse como muchos otros temas que a pesar de ser más
importantes, duermen en el Parlamento.
La forma
en que la señora Bachelet hizo esto es sucia y odiosa, a puertas cerradas con
su Ministro de Defensa, otra arpía llena de odiosidad, el señor Vidal. Así,
cobardemente, evitaron que en la oportunidad muchos manifestaran su malestar.
Este
Decreto Supremo es lamentablemente, valido como cualquier Ley. Y los chilenos
recién lo pudimos conocer después del fallecimiento de un Oficial que se
encontraba preso, a quien le negaron los Honores que le correspondían tras una
brillante carrera militar, en la que tuvo que lidiar con peligrosos subversivos
en defensa de su país.
¿Era
necesario hacer esto?, ¿Era esa una preocupación de los chilenos?... No. Nadie
necesitaba de ese Decreto Supremo, solo los que lo firmaron y su entorno
cercano, gente envuelta en odio y resentimiento.
Recordemos
que la señora Bachelet tiene un pasado subversivo, como muchos otros
politiquientos que hoy se lucran del Estado. Para ellos perseguir a quienes los
combatieron es una norma de vida, y para ello usan todas las suciedades que
lamentablemente, la ley permite.
De paso,
la señora Bachelet al firmar ese Decreto Supremo le negó los honores militares
a su propio padre, quien (inmerecidamente por supuesto), los podría haber
recibido en forma póstuma. Ahora eso no es posible ya que él murió mientras
cumplía una condena aflictiva en prisión, y por ¡TRAICIÓN A LA PATRIA!, no
por SERVIRLA DIGNA Y PROFESIONALMENTE, como los Militares que hoy están presos,
procesados o perseguidos.
No
obstante todo lo anterior, es bueno saber que un Decreto Supremo puede, bajo el
mismo sistema político constitucional que nos rige, ser anulado. Para eso sólo
se requiere de otro Decreto Supremo que así lo establezca. Pero hay otro
ingrediente importante que se necesita… la voluntad del Presidente de la
República.
Si el
actual Presidente en conciencia, quisiera cumplir su promesa hecha en campaña
ante Uniformados en Retiro: “Justicia Igual para todos”, debiera anular ese
Decreto lleno de odio y firmado tras bambalinas por la señora Bachelet.
¿Qué
dirían los políticos, de izquierda y derecha, si algún buen día llegara a La
Moneda un gobernante patriota, con pantalones y estampa, y emitiera un Decreto
Supremo disponiendo se derrumbe la estatua del mal recordado (con minúscula)
allende?
Alejandro Russell O’Kuinghttonss