EL CIRCO DE LA JUSTICIA DESIGUAL
Desde hace años se escuchan voces cada vez más frecuentes que denuncian el injusto trato jurídico dado a los ex – miembros de las FF.AA. y de Orden en los llamados “juicios de derechos humanos”. Entre otros ejemplos de las arbitrariedades cometidas en su contra se menciona la utilización de pruebas desprovistas de valor como tal (como el reconocimiento de un inculpado por olor de su colonia, treinta y tantos años después), el uso descarado de testigos falsos o “de oidas” y el abuso indiscriminado de las “presunciones fundadas” para condenarlos a las más drásticas penas. Todo ello, agravado por el hecho de no respetarse para los inculpados el derecho a beneficiarse con la prescripción y/o con la Ley de Amnistía, elementos ampliamente utilizados en favor de los delincuentes terroristas. Ni hablar de la inconstitucional aplicación por parte de algunos jueces de leyes y tratados internacionales sin validez legal en Chile, por no haber sido ratificados por el Congreso Nacional o por indicar expresamente en su texto que son inaplicables con efecto retroactivo, como ocurre con el Estatuto de Roma y el Tribunal Penal Internacional.
Todo lo anterior se contrapone con el vergonzoso fracaso judicial conseguido por el Ministerio del Interior en el llamado “caso bombas”, donde el juez de primera instancia ha anulado miles de pruebas presentadas por la fiscalía, por no haberse respetado los procedimientos establecidos en la Ley para su obtención. En otras palabras, la Justicia ─con mayúsculas─ ha defendido los derechos de un grupo de anarquistas que ─en tanto ciudadanos de la República de Chile─ han recibido la absolución por no haberse cumplido con la letra y el espíritu establecido en el ordenamiento jurídico supuestamente vigente para todos los chilenos…
Para cualquier observador del acontecer nacional, no cabe duda que el grupo de anarquistas está efectivamente involucrado en los hechos de carácter terrorista de todos conocidos y ─según se vio durante la lectura de la sentencia─ ellos mismos tampoco lo niegan, mostrándose orgullosos y desafiantes ante la ciudadanía, exhibiendo gestos groseros ante las cámaras que reflejan su soberbia extremista.
Los militares, marinos, aviadores y carabineros en retiro, presos políticos en esta cada vez más precaria democracia que hoy nos rige, sufren entretanto las consecuencias de una persecución infame, promovida por la izquierda política y sus socios pseudo-cristianos, mientras quienes fueron sus compañeros de ruta en el gobierno militar les siguen volviendo la espalda y hacen caso omiso de los abusos y aberraciones jurídicas que violan sus derechos ciudadanos. No bastando con ello, el mismo ministerio que hoy recibe una humillante derrota jurídica, se da el lujo de mantener en funciones, financiar y dirigir a un equipo de abogados de izquierda, especializados en la persecución de los militares y que desde el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, promueven y gestionan exclusivamente causas de derechos humanos, en vez de destinarse los recursos del estado a servir los intereses del bien común.
Lo anterior no causa sorpresa en el mundo uniformado en retiro, como tampoco lo hace la traición de quien ─siendo candidato a la Presidencia de la República─ ofreció públicamente su compromiso para poner fin a la injusta y desproporcionada persecución de los ex – miembros de las FF.AA. y de Orden, restableciendo sus derechos ciudadanos y asegurándoles un trato igualitario ante la Ley. Por el contrario, el ex – candidato hoy sigue promocionando con su presencia y sosteniendo con su gobierno iniciativas tan perversas como el Museo de la Memoria, ente destinado a eternizar la división entre los chilenos, para beneficio de quienes nutren su existencia política de la explotación del conflicto interno. A modo de ejemplo, podemos mencionar por una parte que la propia hermana y una hija del jefe del gobierno participan activamente en la gestión superior de éste, uno de los últimos regalos que nos dejó la administración socialista-cristiana y que tanto daño causa a la unidad nacional. En segundo lugar, cabe destacar que el propio canal de televisión del gobierno se encuentra publicitando al Museo de la Memoria, promoviendo abiertamente eventos propagandísticos diseñados para servir a la izquierda.
Ante la incapacidad de emplear su poder para conseguir encarcelar a los enemigos públicos, el Ministro del Interior debiera renunciar y su superior directo debiera considerar que no será precisamente esa izquierda con la que se trata de congraciar o la democracia pseudo-cristiana que trata de conquistar, quienes testimoniarán su legado histórico, el cual ─hasta ahora─ se proyecta cono una suma de éxitos técnicos desprovistos de alma y una colección de burdos fracasos de factura propia, imposibles de adjudicar a terceros. Junto con ello, más temprano que tarde deberá comprender que el mundo uniformado en retiro es más numeroso que lo que sus asesores le han informado, siendo capaz de extender su influencia hacia muchísimos compatriotas que no comprenden que este gobierno continúe con la persecución en contra de quienes salvaron al país de su destrucción institucional, mientras se muestra incapaz de perseguir como corresponde a los enemigos de la sociedad.
Para una gran parte de nuestro pueblo y pese a la campaña propagandística que ha intentado por años presentar a Allende como un gran estadista, éste seguirá siendo un político irresponsable que trató de imponernos un modelo revolucionario ajeno a los intereses de nuestra nacionalidad, objetivamente ineficiente y promotor de la mayor división que hemos tenido desde la Guerra Civil de 1891. El gobierno militar en cambio ─con todos los problemas que haya tenido─ será recordado como aquel que recuperó a Chile de la penosa situación en que lo dejó la intentona socialista, fundando las bases que nos permiten acceder al nivel de desarrollo económico y social en que nos encontramos.
Podemos comprender la peculiar personalidad del presidente y su búsqueda incansable de aplausos en quienes ─por principio─ no se los darán jamás. Podemos también aceptar que sus asesores inmediatos no cuenten con la posibilidad o con el valor necesario para hacerle saber las causas verdaderas del rechazo que su figura genera en muchos de quienes votaron por él. No es comprensible, sin embargo, la débil actitud de los líderes de su coalición ─y que sí los hay─ que permiten que el abuso jurídico siga teniendo efecto en el mundo militar, mientras queda en evidencia la inoperancia de los encargados de velar por la seguridad pública y de accionar ante los tribunales.
Sería más que bueno si los líderes políticos de derecha y sus potenciales candidatos a la primera magistratura se atrevieran a sacar la voz para comunicar su posición ante esta suerte de “justicia popular” aplicada unilateralmente a los uniformados en retiro, mientras los delincuentes reales disfrutan de los beneficios de un sistema distinto al utilizado en los casos de DD.HH. Más de algún potencial candidato a la Presidencia, al Senado o a la Cámara de Diputados es abogado de profesión ─al igual de quien ocupa el Ministerio del Interior─ siendo inaceptable que en su condición de expertos comulguen sin chistar con la aplicación aberrante de preceptos inconstitucionales o no incluidos en nuestro ordenamiento jurídico soberano. Conforme con que ello ocurriera cuando eran oposición, pero ahora que han transcurrido más de dos años en el poder, su silencio cómplice es inaceptable e impresentable ante la ciudadanía.
Sin lugar a dudas y de no mediar la reacción valerosa de algún dirigente de la coalición gobernante, la derecha política está en camino directo a perder una de sus bases de apoyo electoral: la del mundo militar en retiro, cuya empatía con la sociedad irá creciendo en la misma medida que la frustración de muchos ciudadanos decentes que ayer votaron por ella y que hoy esperan la aparición de un liderazgo que represente de verdad sus intereses y aspiraciones, asegurando entre otras cosas la existencia de una justicia que castigue al delincuente y deje de ser manoseada por oscuros intereses politiqueros. Mientras tanto, el Plan Ahora asegura que los votos del mundo militar en retiro serán negados a los concejales de derecha, correspondiendo esto a una “alerta temprana” de lo que vendrá en las siguientes elecciones presidenciales y parlamentarias, hasta que se ponga fin a este circo jurídico-comunicacional.
01 de Junio de 2012
Patricio Quilhot Palma
